Oficio 2458-CSJ-2012 - Circular 09

Formulario Licencia Sanitaria (Primera Vez o Renovacion)

Fundamentos de Derecho para Licencia Sanitaria:

 

Ley de Procedimiento Administrativo

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64

Código de Salud

222, 223, 224, 236, 238, 240

Reglamento Para el Control Sanitario de Productos, Servicios y Establecimientos de Interés Sanitario

126, 127, 128, 129, 130, 131, 160, 161, 162, 163, 166

Formulario Registro Sanitario (Primera Vez y Renovacion)

Fundamentos de Derecho para la solicitud de Registro Sanitario:

 

COMIECO

80-2001 (XVII)

 

Ley de Procedimiento Administrativo

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64

 

Código de Salud

85, 96

 

Reglamento Para el Control Sanitario de Productos, Servicios y Establecimientos de Interes Sanitario

116, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 151, 153, 160, 161, 164, 165, 166

Reglamento para Obtencion del Exequatur de Notario

Transcripcion Integra de Sentencia de la CSJ en relacion con los apellidos de determinada persona

C E R T I F I C A C I O N

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de  Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,  trece de noviembre de dos mil siete.- VISTA: Para dictar Sentencia los Recursos de Inconstitucionalidad Acumulados que por Vía de Acción y por razón de contenido interpusieron los Abogados ROBERTO CARLOS GUZMAN VARELA, JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO y la Licenciada KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA, todos mayores de edad, casados, hondureños y de este domicilio; contra el Artículo 52 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. A N T E C E D E N T E S 1) Que los Abogados ROBERTO CARLOS GUZMAN VARELA y JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO, en fecha veintiséis de enero de dos mil siete, comparecieron ante esta Honorable Sala interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad contra el artículo 52 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, contenido en el Decreto No. 62-2004, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.30,390 el 15 de mayo de 2004, alegando que el mismo es inconstitucional parcialmente, por razón de contenido, porque infringe los artículos 59, 60, 61, 111 y 112 de la Constitución de la República. 2) Que la Licenciada KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA, en fecha siete de febrero de dos mil siete, compareció ante esta Honorable Sala interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad contra el mismo artículo 52 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, contenido en el Decreto No. 62-2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.30,390 el 15 de mayo de 2004, alegando también que el mismo es inconstitucional parcialmente, por razón de contenido, ya que infringe los artículos 59, 60, 61, 111 y 112 de la Constitución de la República. 3) Que el siete de febrero de dos mil siete, esta Sala ordenó que se acumularan los recursos que se dejan relacionados en los incisos que anteceden, por dirigirse ambos contra el primer presupuesto del artículo 52 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, y así mantener la contingencia y unidad de la causa.- Cita la Sala como fundamento legal de su decisión los artículos 56 y 57 del Código de Procedimientos Civiles. CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de enero de 2007, los Abogados ROBERTO CARLOS GUZMAN VARELA y JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO, actuando por sí, comparecieron ante ésta Sala promoviendo por vía de acción, recurso de inconstitucionalidad parcial del artículo 52 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. CONSIDERANDO: Que en fecha 7 de febrero de 2007, la Abogada KAREN JOHANNA PORTILLO RIVERA, actuando por sí, compareció ante la Corte Suprema de Justicia, interponiendo por vía de acción, un recurso de inconstitucionalidad parcial del artículo 52 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. CONSIDERANDO: Que en auto de fecha 7 de febrero de 2007, ésta Sala, en aras de mantener la continencia y unidad de la causa por tratarse de acciones que tienen el mismo objeto y que por lo tanto habrán de concluir con una misma sentencia, ordenó la acumulación de los expedientes antes referidos. CONSIDERANDO: Que un estudio detenido de los recursos interpuestos revela, que en los mismos se pide la inconstitucionalidad parcial y por razones de fondo o de contenido, del artículo 52 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, sin embargo, de la lectura de tal precepto legal se desprende que ésta no es la norma impugnada, sino que el artículo 45 de la mencionada ley. En este sentido, y aunque los recurrentes han incurrido en un error al señalar e identificar de manera incorrecta el precepto legal cuya inconstitucionalidad se pide, resulta evidente a que norma se refieren, y tomando en cuenta que en esta materia, al tenor de lo previsto en el artículo 4 No. 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional prevalecerá el fondo sobre la forma, debemos continuar con el estudio y resolución del caso sometido a nuestra consideración. CONSIDERANDO: Que el artículo 45 de la Ley del Registro Nacional de las Personas establece que “….el primer apellido de una persona que se deberá inscribir en el registro de nacimiento, será el primero del padre, y el segundo, el primero de la madre….” CONSIDERANDO: Que según exponen los recurrentes, la disposición tachada de inconstitucional, vulnera o quebranta la proclamación del carácter inviolable de la dignidad humana, el principio de igualdad en y ante la ley, el mandato que se impone al Estado en orden a la protección que merecen la familia, el matrimonio y la infancia y el principio de igualdad jurídica entre los cónyuges, que consagran respectivamente, los artículos 59, 60, 61, 111 y 112 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que por otro lado, los recurrentes sostienen que la disposición legal impugnada también se opone a preceptos contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo de San Salvador, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expuesto por los recurrentes, el precepto legal cuestionado se opone a lo dispuesto en las normas constitucionales e internacionales antes  mencionadas, en tanto en cuanto que al establecer como una regla inflexible de que los hijos llevarán como primer apellido el primero del padre, y como segundo, el primero de su madre, se quebranta el principio de igualdad, al dispensar un trato discriminatorio negativo para la mujer frente al hombre, ya que solamente éste último transmite sus apellidos por generaciones, mientras que los de la mujer deberán desparecer obligatoriamente con el paso del tiempo, impidiendo a los padres elegir en igualdad de condiciones los apellidos de sus hijos, siendo inadmisible que por razones de carácter meramente histórico o cultural, perdure tal situación discriminatoria en perjuicio de la mujer. CONSIDERANDO: Que la forma de identificación y designación de las personas actualmente vigente en nuestro país, y en virtud de la cual se da preeminencia al apellido paterno frente al materno, es producto de una arraigada, larga y compleja tradición que hunde sus raíces en la historia de España, como antigua potencia colonial cuya influencia en la construcción del tejido sociocultural de la mayoría de los países de nuestro entorno geográfico, perdura hasta nuestro días. CONSIDERANDO: Que en este sentido, y con la excepción de algunos períodos de los siglos IV y V antes de Cristo, en los que, como reflejo del régimen matriarcal de los cántabros antiguos, tenía preferencia la designación materna sobre la paterna, se fue consolidando en España un Derecho consuetudinario, que utilizaba para facilitar la identificación de las personas o de las familias o de las casas, según la época y la clase social, la unión al nombre individual del hombre, siempre del hombre o del padre, un apodo o sobrenombre alusivo bien a los rasgos físicos de éste, como aquellos que hacían referencia a rubio, moreno, calvo, delgado, feo o viejo o a atributos morales, también siempre del hombre (bueno, gallardo, valiente, bravo) o a su profesión u oficio, siempre masculinos (escribano, carretero, sastre, herrero) o al lugar geográfico de origen o de la procedencia del padre, que a partir de la baja Edad Media comienzan a vincularse a cada familia y a transmitirse de generación en generación. CONSIDERANDO: Que de este modo nace en España, y luego posteriormente como producto de la colonización en la América Hispana, la utilización de los apellidos como instrumento de identificación e individualización social, cuya regulación no ha sido ajena a los principios de la sociedad y de la familia patriarcal en la que se ha utilizado, cuya única cabeza visible socialmente de poder y de representación del poder, era y ha sido la del varón. CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo que exponen los recurrentes, el artículo 45 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, al establecer de manera imperativa y por ende obligatoria, que el primer apellido de una persona sea el primero de su padre, y el segundo, el primero de su madre, vulnera el principio-derecho de igualdad reconocido en la Constitución de la República y en diversos instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras. CONSIDERANDO: Que el principio de igualdad encuentra reconocimiento expreso en varias disposiciones constitucionales, así tenemos que el artículo 60 de nuestro Texto Fundamental establece que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, que en Honduras no hay clases privilegiadas, que todos los hondureños son iguales ante la ley, y que se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana; por su parte, el artículo 61 de nuestra Carta Magna expresa que “…..la Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros en el país,…el derecho...a la igualdad ante la ley…”.CONSIDERANDO: Que el mandato de igualdad es obligatorio para todos los Poderes e instituciones del Estado. En este sentido, podemos hablar de igualdad “ante” la ley por un lado, y de igualdad “en” la ley por el otro. CONSIDERANDO: Que el principio-derecho de igualdad “ante” la ley o de “igualdad en la aplicación de la ley”, resulta particularmente obligatorio para los Poderes Ejecutivo y Judicial, cuando aplican las leyes en casos concretos. En éste supuesto, ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, el principio de igualdad determina que un mismo órgano no puede cambiar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, con lo cual, el órgano que considere necesario apartarse de sus precedentes deberá ofrecer para ello una fundamentación razonable y suficiente. CONSIDERANDO: Que en lo que concierne al principio-derecho de igualdad “en” la ley, podemos decir que éste es obligatorio para el legislador, quien en el ejercicio de la potestad legislativa no puede establecer discriminaciones negativas en perjuicio de los destinatarios de las normas; es por ello que el Constituyente declara punible toda discriminación por razones de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior, resulta pertinente señalar, que el mandato de igualdad no impone que todos los sujetos de derecho o destinatarios de las normas, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, o lo que es lo mismo, no impide que en modo alguno, se puedan enlazar o anudar a situaciones distintas, consecuencias jurídicas diferentes. El principio de igualdad impide por ejemplo, que a efectos de la atribución del derecho al voto se puedan establecer entre los ciudadanos diferencias basadas en su titulación académica, pero no que éstas se utilicen como tertium comparationis o criterios de selección para el acceso a determinados cargos públicos, (ejemplo para ser candidato a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a Procurador General de la República, etc…), de este modo podemos afirmar, que la igualdad resultará violada o quebrantada cuando el trato diferenciador está desprovisto de una justificación objetiva y razonable. CONSIDERANDO: Que para la resolución del caso que ahora nos ocupa, es necesario entonces, que efectuemos un juicio de razonabilidad, que no se limita a constatar que el precepto legal cuestionado, prevé consecuencias jurídicas diferentes para dos o más personas, sino también verificar si esas consecuencias distintas resultan o no razonables. CONSIDERANDO: Que una lectura  detenida del precepto legal cuestionado, revela que el mismo incorpora un trato diferenciador para la mujer, ya que  en el tratamiento jurídico que se da a los apellidos, como instrumento social de designación, individualización e identificación de las personas, se establece claramente la preeminencia del apellido del hombre sobre el de la mujer. Sentado lo anterior, debemos analizar si ese trato diferente resulta o no razonable, o lo que es lo mismo, si comporta o no un tratamiento discriminatorio negativo en atención a tales circunstancias. CONSIDERANDO: Que el artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, establece que los Estados parte reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. Por su parte, el artículo 16 del mismo instrumento jurídico internacional prevé que los Estados parte adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los puntos relacionados con las relaciones familiares, de tal modo que deberán asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materia relacionadas con sus hijos. CONSIDERANDO: Que una confrontación entre el artículo 45 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, con las normas constituciones e internacionales antes mencionadas, e invocadas por los recurrentes, nos lleva a concluir que si bien es cierto que la preeminencia del apellido paterno sobre el materno al momento de inscribir el nacimiento y con ello el nombre de cualquier persona, se corresponde con una tradición cultural que tiene una gran raigambre histórica, no es menos cierto, que dicha tradición, al igual que en su momento lo fueron el del ejercicio exclusivo de la patria potestad por el hombre, la obligatoriedad que tenía la mujer de seguir el domicilio del marido, la falta o carencia de capacidad civil de la mujer para celebrar por sí misma una serie de actos y contratos, etc…, no es compatible con el principio de igualdad en cuanto que establece un trato discriminatorio negativo para la mujer, ya que al no poder perpetuar su apellido, en iguales condiciones que el hombre, desaparece, se diluye o se pierde la posibilidad de una constancia social transmisible de generación en generación. De este modo, se impone la necesidad de una norma que permita a los progenitores, cualquiera que sea su estado civil, la posibilidad de elegir en igualdad de condiciones los apellidos que llevarán sus hijos, de tal  modo que la actual regulación prevista en el artículo cuestionado establece un trato diferenciador que está desprovisto de una justificación objetiva y razonable. No es posible pues, apelar a razones históricas y culturales para mantener la vigencia de un precepto legal que se opone de manera manifiesta al principio de igualdad expresado de manera general, y en el caso del matrimonio entre los cónyuges, en particular, así como también a la prohibición de mantener formas o tratos discriminatorios para la mujer frente al hombre. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo previsto por el artículo 2 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones de dicha ley se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, disposición que es compatible con lo dispuesto en el artículo 76 del mismo texto normativo, donde se prevé que procede la acción de inconstitucionalidad cuando la ley ordinaria contraríe lo dispuesto en un tratado o convención internacional del que Honduras forme parte. El artículo 18 de la Carta Magna establece, que los tratados y convenciones internacionales, ratificados por Honduras, tienen un rango superior a la ley, de tal manera que su contravención por una ley secundaria u ordinaria, comporta la violación de la norma constitucional que establece su preeminencia, lo que por otra parte nos conduce a estimar que tal y como se desprende de lo dispuesto por el artículo 76 No. 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los tratados y convenciones internacionales ratificados por el Estado de Honduras forman parte del denominado bloque de constitucionalidad. CONSIDERANDO: Que a modo de conclusión podemos afirmar, que el artículo 45 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, en lo que se refiere a la parte del mismo que ha sido cuestionada por los recurrentes, contraviene los artículos 18, 60, 112 de la Constitución de la República, así como también los artículos 15 No. 1) , 16 No. 1 literal d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1 No. 1), 17 No. 4), 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2 No. 1), 7 y 16 No. 1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que por lo tanto, deben declararse con lugar los recursos de inconstitucionalidad que por vía de acción y por razones de fondo o de contenido han promovido los recurrentes. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 18, 60, 112, 184, 185 No. 1), 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 15 No. 1) , 16 No. 1 literal d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1 No. 1), 17 No. 4), 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2 No. 1), 7 y 16 No. 1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1, 2, 3 No. 3), 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 1), 78, 81 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: I) Declarar con lugar el recurso de inconstitucionalidad que por vía de acción y que por razones de fondo o de contenido, han promovido los Abogados ROBERTO CARLOS GUZMAN VARELA, JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO y KAREN JOHANNA PORTILLO RIVERA, contra el artículo 45 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, Y MANDA: Que se remita copia certificada de este fallo al Congreso Nacional de la República, para que proceda a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.- Redactó el Magistrado GOMEZ MORENO.- NOTIFIQUESE.-  Firmas y sello.  JOSE ROLANDO ARRIAGA MANCIA, COORDINADOR. CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO. CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS.  SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. SUYAPA THUMANN CONDE.  Firma y sello. LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.”

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil ocho, se remite al CONGRESO NACIONAL para su publicación, certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil siete, recaída en los Recursos de Inconstitucionalidad con registro en este Tribunal Nos. 55 y 88=07.  

 

 

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

 

Extracto Demanda Deslinde y Amojonamiento (Procedimiento Abreviado)

Anteproyecto de Ley reforma al Codigo del Notariado para la obtencion del Exequatur de Notario

EXPOSICION DE MOTIVOS

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA:

El Estado de Honduras conformado en su mayoría por una población creciente y vigorizante de jóvenes, muchos de ellos insertados en una sociedad versátil, han sobresalido con ímpetu en los distintos campos de las ciencias y las tecnologías, demostrando fehacientemente que son una pieza fundamental del motor económico, cultural y político de la República.

Hoy en día, esa juventud sigue esforzándose por estudiar, por profesionalizarse, y elevar a un conocimiento más profundo, los criterios primigenios aprendidos en las aulas de los centros de enseñanza del país; en esa línea constante la Abogacía, representa una de las profesiones más progresista y evolutivas dentro de la dinámica académica y social, de la cual forman muchos jóvenes hondureños.

Es una generación de abogados jóvenes, que poco a poco han alcanzado diversos grados académicos, maestrías y postgrados, que sumado al estudio, la experiencia y el talento, están ejerciendo con valentía, ética y moral una de las profesiones más afectadas recientemente por la criminalidad y por el desempleo.

Es por ello, que debemos permitirles el acceso a otros espacios dentro del campo de su profesión, para que participen en condiciones de igualdad y oportunidad, junto a otras generaciones de abogados, abriéndoles la posibilidad de ejercer la función notarial y así coadyuvar a garantizar la seguridad jurídica del Estado.

Este Congreso se ha caracterizado por fomentar y apoyar a la juventud hondureña, permitiéndoles incluso mediante una Reforma Constitucional aprobada en el Decreto No. 273- 2010 de fecha 13 de Enero del año 2011, el acceso a que una joven mayor de veinticinco (25) años pueda ser Secretario o Sub-secretario de Estado.

Sumado a lo anterior, nuestra sociedad con economía en constante crecimiento, demanda cada día, que los servicios notariales se realicen con mayor formalidad, agilidad, transparencia, legalidad, y eficiencia, procurando certeza en los actos y contratos, por medio de profesionales del derecho, que como esta generación se encuentren preparados aun más profesionalmente.

Por ende, es nuestro deber apoyar y motivar a estos abogados jóvenes, que tienen el corazón robusto y el espíritu limpio, que con entusiasmo y empeño, tienen la dignidad de su trabajo, la conciencia de su trabajo, y el orgullo de hacer las cosas bien, ejemplificando el anhelo que en un época inmortalizara Alfonso Guillen Zelaya.

En virtud de lo antes manifestado, con mi fe puesta en la sana recompensa de los fuertes de espíritu, de esos hombres y mujeres profesionales de la abogacía e interpretando fielmente las aspiraciones del pueblo, que me confirió su mandato para propiciar las mejores condiciones para la plena realización del hombre, dentro de la justicia, la libertad y la igualdad y haciendo uso de las facultades que me confiere la Constitución de la República en su artículo 213, presento al Pleno de esta Augusta Cámara la iniciativa de ley que adjunto, para Reformar el Artículo 7 del DECRETO 353-2005 del 16 de  diciembre del 2005 contentivo del CODIGO DEL NOTARIADO, en cuanto a reducir de treinta (30) años a veinticinco (25) años la edad que como requisito se requiere para ser notario en Honduras.

Tegucigalpa, M.D.C. a los        días del mes de Enero del 2013.

Alexander Agapito Rodríguez

Diputado por el Departamento de Lempira.

 

 

DECRETO NO.

El Congreso Nacional:

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras está conformado dentro de su población, por un gran segmento de jóvenes, muchos de ellos profesionales en diversas áreas de las ciencias y en especial de la Abogacía, en la se han destacado en el ejercicio de su profesión por ética y rectitud de sus actos.

CONSIDERANDO: Que la Supremacía Constitucional, debe adecentar y sistematizar las leyes secundarias, en condiciones de sintonía y armonía, y que el Código del Notariado no debe ser la excepción, con respecto a los requisitos para ejercer la funcional notarial.

CONSIDERANDO: Que la función notarial es aquella función de interés público y social que el Estado delega en las personas autorizadas en la forma establecida por la Constitución y las leyes, para ser ejercida con plena responsabilidad y autonomía.

CONSIDERANDO: Que es necesario orientar los esfuerzos legislativos, y coadyuvar en la seguridad jurídica del Estado, garantizándole a la sociedad en constante crecimiento, que los servicios notariales se realicen con mayor formalidad, agilidad, transparencia, legalidad, eficiencia, procurando certeza en los actos y contratos, por medio de profesionales de derecho que cumplan con la Ley.

POR TANTO;

DECRETA:

Artículo 1.-  Reformar el Artículo 7 del DECRETO 353-2005 del 16 de diciembre del 2005 contentivo del CODIGO DEL NOTARIADO, el cual deberá leerse de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 7.-Para ser Notario se requiere: 

1)…..; 

2)…..; 

3) Ser mayor de veinticinco (25) años; 

4)…..; 

5)…...; 

6) Aprobar el examen de Notario ante la Corte Suprema de Justicia de acuerdo al reglamento especial emitido por la misma, en la que deberá establecerse alternativamente al menos dos (2) jornadas masivas de exámenes por escrito de forma anual; No obstante, quedaran exentos de este requisito, aquellos abogados que habiendo cumplido 15 años de ejercicio profesional se encuentren legalmente inscritos en el Colegio de Abogado de Honduras; y, 

7)……“.

Artículo 2.- Serán inaplicables las disposiciones descritas en el DECRETO 353-2005 del 16 de diciembre del 2005 contentivo del CODIGO DEL NOTARIADO, o cualquier reglamento, en caso de obstaculizar lo dispuesto en el presente decreto.

Articulo 3.- El presente decreto entrará en vigencia desde su publicación en el diario oficial “La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los         días del mes de                            del Dos Mil Trece.

JUAN ORLANDO HERNANDEZ

PRESIDENTE

RIGOBERTO CHANG CASTILLO                                        GLADYS AURORA LOPEZ

                 SECRETARIO                                                                    SECRETARIA

El Juicio Politico - Disposiciones Constitucionales en Honduras

Decreto 180-89 Reformas al Codigo Civil sobre la Muerte Presunta

Acuerdo Ejecutivo 10-2012 donde se reforma lo relativos a la nueva Tabla de Uso de Timbres de Cooperativas.

Documento facilitado por la oficina regional del Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP) de la ciudad de San Pedro Sula.

Reforma al Reglamento para Emision, Administracion, Distribucion y Uso del Papel Especial Notarial

Reglamento para la Emision, Administracion, Distribucion y Uso del Papel Especial Notarial

Situaciones Tecnico Juridicas que el Notario debe observar y aplicar al autorizar actos, contratos y disposiciones entre vivos y por causa de muerte en Sede Notarial

Decreto 40-2008 por medio del cual se deroga el numeral 15 del articulo 59 del Codigo del Notariado, por lo cual los Notarios ya no estan facultados para autorizar Libros Contables y tramitar Permisos de Operacion de Negocios en Sede Notarial

Resolucion de la Contraloria del Notariado sobre la autentica de firmas y copias de documentos

Resolucion Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad sobre Tradicion de Dominio de Bienes Inmuebles Gravados con Hipoteca donde existe clausula que exige autorizacion del acreedor para enajenar

Resolucion Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad sobre Donacion entre Sociedades Mercantiles

Auto de Admision de Demanda

JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.- En la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los Siete días del mes de Septiembre del año dos mil once, la Suscrita Jueza ……………….., RESUELVE:

                                                      ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO: En fecha ………….. (….) de ……………………. del …………………, compareció ante éste Juzgado de Familia, el señor ………………………….., quien es mayor de edad, con numero de identidad …………………., hondureño, casado, Licenciado en Gerencia de Negocios y con domicilio en …………………., a presentar Solicitud De Separación De Hecho Vía Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo, contra la señora ……………………………, mayor de edad, casada, hondureña, con numero de identidad ……………………. con domicilio en …………………………….; y para que mediante sentencia definitiva se declare separados de hecho a los litigantes.-

                                                     FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO: Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el Artículo 7 del Código Procesal Civil, el cual determina que el proceso civil se desarrollará según las disposiciones del Código Procesal Civil y de acuerdo a la Constitución de la Republica, asimismo que dichas normas son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación. 

TERCERO: Que analizadas las reglas de competencia de conformidad a los artículosArts: 80, 82, 90,111, 119, 121, 122, 303 de la Constitución de la República ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 20, 23, 29.1, 30, 34.1, 41.1, 59, 62.1, 79.1 167, 193, 199, 201,398.2, 434, 583, 630.2, 631.1, 634, 664, 383del Código Procesal Civil, y por constar en el escrito de la demanda que los litigantes tienen su domicilio comprendido dentro de la competencia territorial asignada a este despacho de justicia, se estima que este Juzgado es el competente para conocer del proceso.-

CUARTO: Que de conformidad a lo dispuesto con el artículo 597 del Código Procesal Civil, todas las demandas en las que se interponga alguna o algunas de las pretensiones reguladas en este capitulo se tramitarán por la vía del proceso Abreviado, con las especialidades que para cada una de ellas se contengan.-

                                        PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN

En base a lo anterior este juzgado acuerda:

PRIMERO: Admitir a tramite de proceso abreviado la Solicitud De Separación De Hecho Vía Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo, presentada en este tribunal por el señor …………………….. contra la señora ……………………...-

SEGUNDO: Se tienen por los documentos adjuntos al escrito de la demanda, provenientes de la Central de Citaciones, Emplazamientos y otras Diligencias Judiciales, los cuales se mandan agregar a sus circunstancias.-

TERCERO: Emplácese en legal y debida forma por medio del Receptor(a) de la Central de Citaciones y/o Emplazamientos, Notificaciones, Requerimientos y Otras Diligencias Judiciales, en el domicilio consignado en la presente demanda por la parte actora, a la demandada la señora …………………….., para que, en el plazo de TREINTA DÍAS (30) HÁBILES computados desde el día siguiente al emplazamiento, conteste por escrito la demanda de mérito; debiendo hacérsele entrega de la copia simple de la demanda, del escrito de subsanación y de la copia simple de los documentos acompañados.-

CUARTO: Tener al abogado …………………….., numero de colegiación …. con oficinas abiertas al publico en ……………………… con teléfono fijo ……………. y teléfono móvil ……………., con correo electrónico …………….@yahoo.com como apoderado judicial del señor ……………., con las facultades expresadas en el poder conferido en la presente demanda.

QUINTO: Que se notifique de la presente resolución a las apoderados legales de las partes.

SEXTO: Contra ésta resolución procede el recurso de reposición, el que se interpondrá por escrito ante éste mismo Tribunal dentro del plazo de tres (3) días. (Artículos 694 y 695 del CPC).-

                                                            ABOGADA …………………………..
                                                            JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA
                  

                                                             Lic. .....................................
                                                             SECRETARIA ADJUNTA

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